El libro analiza los lĆmites a la facultad sancionadora de los particulares segĆŗn la Jurisprudencia Constitucional que ha fijado los parĆ”metros del debido proceso a la hora de aplicar sanciones a los miembros de las organizaciones privadas; para ello, acudiremos al estudio de las reglas y subreglas que ha definido la alta corporaciĆ³n como parĆ”metros del debido proceso para aplicar sanciones entre organizaciones particulares sin existir un rĆ©gimen disciplinario reglamentado por el legislador, como lo encontramos en diversas normas sancionatorias y disciplinarias del derecho pĆŗblico vigentes en el ordenamiento jurĆdico colombiano. El anĆ”lisis busca precisar los problemas jurĆdicos y las consecuencias que se observan en la aplicaciĆ³n de sanciones contenidas en estatutos y reglamentos privados creados por los particulares en las organizaciones privadas. Se aborda de acuerdo con una metodologĆa con enfoque cualitativo, con anĆ”lisis documental de recolecciĆ³n de informaciĆ³n para evaluar la potestad por parte de las organizaciones particulares, en general, de imponer sanciones, con especial Ć©nfasis en la facultad disciplinaria del empleador, segĆŗn el procedimiento para aplicar sanciones que estĆ” definido en el artĆculo 115 del CĆ³digo Sustantivo del Trabajo. TambiĆ©n se hace un anĆ”lisis en relaciĆ³n con su constitucionalidad a partir de la Sentencia C-593 del 2014; finalmente, se concluye que, no obstante existe jurisprudencia que limita el actuar de los particulares a la hora de aplicar una sanciĆ³n, es necesario que el legislador reglamente algunos trĆ”mites sancionatorios con base en los postulados del debido proceso constitucional, toda vez que la potestad de reglamentaciĆ³n y definiciĆ³n de las sanciones estĆ” quedando a la discreciĆ³n de los particulares, lo que debilita las garantĆas del debido proceso de quienes son sometidos a la aplicaciĆ³n de una sanciĆ³n.
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